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El Gobierno crea una "task force" para limitar los aumentos de precios y tarifas en el 2021

El Gobierno crea una "task force" para limitar los aumentos de precios y tarifas en el 2021
El grupo deberá analizar el impacto de los aumentos en la economía, y no permitirá a las empresas establecer el sendero de subas sin aval oficial
Por Andrés Sanguinetti
03.12.2020 14.01hs Negocios

A partir del año próximo, los habituales cepos que el Gobierno viene utilizando para mantener controlados los precios de miles de alimentos y de todos los servicios públicos caducarán.

La razón de este final tiene que ver con que las autoridades nacionales consideran que ya quedó atrás lo peor de la crisis económica que fue provocada por .la pandemia del Covid-19 y las medidas sanitarias para combatir el virus.

Estiman que los niveles de operación de la mayoría de los sectores productivos se están recuperando y en algunos casos hasta creciendo más que antes de la llegada del coronavirus, tal como lo sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante su exposición en la convención que está organizando la Unión Industrial Argentina (UIA) de manera virtual.

En ese marco, la política de congelamiento empezará a ser desarticulada al estilo del camino que también seguirán las estrategias de ayuda y de subsidios a las personas y a las empresas afectadas por la crisis, como los programas de ATP y el IFE, entre otros.

De este modo, se desarmará el programa Precios Máximos, con el cual se congelaron los valores de casi 3000 artículos de consumo masivo, a partir de febrero próximo pero de manera gradual.

Lo mismo ocurrirá con las tarifas de electricidad, gas y agua, y con las facturas de telefonía celular, internet y televisión por cable.

Un "Task Force"

Y si bien todos los casos se vienen tratando de manera particular, en el seno del Gobierno se está poniendo en marcha una ecuación integral de aumentos para todos los servicios que será coordinada por un pequeño grupo de funcionarios entre los que se encuentran el ministro de Economía, Martín Guzmán, y también Matías Kulfas, además de representantes de varios organismos a cargo de ambos funcionarios como las secretarías de Energía y de Comercio Interior que dirigen Daniel Martinez y Paula Español, respectivamente.

Una especie de task force que tendrá a su cargo el impacto de los incrementos a permitirse en los bolsillos de la gente y en la economía del país.

Es decir, no habrá libertad de acción total ni se permitirá que sean los mercados o la oferta y la demanda las que establezcan el sendero de precios durante el 2021 ya que, en lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado.

Por eso, el grupo irá evaluando la evolución de la situación epidemiológica durante el año próximo, haciendo un seguimiento de la crisis y encarando revisiones constantes de las medidas establecidas hasta ahora para asegurar el acceso equitativo de la población a bienes de consumo básico y a los principales servicios públicos, procurando un equilibrio que, a la vez, propenda a la recuperación y normalización de la actividad económica.

Objetivo: controlar la inflación

El objetivo es impedir que en el 2021 se dispare la inflación como consecuencia de estos retoques en alimentos y servicios, teniendo en cuenta que para este año el promedio estimado rondará entre el 32% y el 37% contra el 53,8% que se registró en el 2019.

El último año de la administración de Mauricio Macri marcó el nivel más alto en 28 años, según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Y en el gobierno del presidente Alberto Fernández quieren evitar el efecto rebote que ya anticipan las consultoras privadas que, en su mayoría, estiman una inflación del 50% para el año próximo.

Con ese objetivo, la política de aumentos será aplicada de manera integral, aunque con diferentes matices de acuerdo al sector.

Hasta ahora, se conocieron ciertos detalles de esta estrategia que se vinculan con el desarmado de Precios Máximos a partir de permitir pequeñas subas no mayores al 4% en algunos artículos y trasladar a Precios Cuidados otra cantidad de productos que actualmente se encuentran bajo el paraguas del programa que será desarticulado durante los primeros meses del año próximo.

"Precios Máximos" fue lanzado al inicio de la cuarentena, luego de que las autoridades percibieran aumentos desmedidos en alimentos y productos de higiene personal, entre otros.

Fue pensado como una política de emergencia para mitigar los efectos económicos de los meses más duros del confinamiento. De hecho, en noviembre pasado ya se comenzaron a retirar productos del listado y desde febrero se empezará a desarticular el programa de manera "gradual" para que no tenga un gran impacto en la inflación.

Por eso no saldrán del radar oficial los precios de los productos de la canasta básica y los más representativos del consumo popular.

El resto, los considerados más costosos o suntuarios, de menor necesidad o que tengan un mayor grado de ser sustituidos, serán liberados y en algunos casos pasarán a formar parte de la canasta de Precios Cuidados.

Ya el mes pasado, se retiraron de Precios Máximos casi un centenar de productos entre los que se destacan, arroz integral, aceite de maíz, conservas de pescado, chocolates, café en saquitos y cápsulas, vegetales congelados, bebidas energizantes, cosméticos, espumantes, bebidas blancas, vinos, licores y whiskys.

Teniendo en cuenta el análisis que la "task forcé" oficial hizo, en este caso se permitió la suspensión de los efectos del congelamiento de precios únicamente a este tipo de bienes que, según los funcionarios, tienen una moderada relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y usuarios y pueden ser reemplazados.

El Gobierno analiza cómo
El Gobierno analiza cómo "descongelar" las tarifas de los distintos servicios

Tarifas

En el caso de las tarifas de internet, cable y telefonía se rechazó el reclamo de las operadoras de telecomunicaciones de un aumento del 20% a partir de enero próximo.

El lobby empresario no tuvo eco entre los integrantes de la task force y se estudia un incremento en etapas hasta alcanzar un 15%, seguramente para mazo.

La escala sería de un 5% mensual durante el primer trimestre (5% en enero, 5% en febrero y otro 5% en marzo), aunque todavía se debate si la suba se tomará de forma acumulativa o no.

Entienden que no es lo mismo un incremento del 5% en enero al que se le agregue otro 5% y así durante febrero y marzo, que permitir aumentos únicamente sobre la cifra original, al estilo de las discusiones paritarias por salarios.

Ocurre que en el primer caso, la suba se acercaría al 20% que pretenden las compañías mientras que en el segundo sería del 15%.

Las empresas ya venían comunicando a sus clientes otro incremento, superior al 20% que ahora deberán dejar de lado y acceder a la decisión que finalmente tomen las autoridades.

Para justificar el pedido de incremento, desde Telecom, Movistar y Claro argumentan que el porcentaje incluye los aumentos que no pudieron realizar durante este año por disposición del Gobierno en el marco de la cuarentena.

También sostienen que dichas subas les permitirán mantener la calidad de los servicios", tal como informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión a sus clientes.

En el Gobierno recuerdan que telefonía, internet y cable tienen el status de servicios públicos esenciales, tal como fueron declarados por un decreto presidencial, y que a partir de esa nueva concepción será el Estado el que determine las políticas de retoques de las facturas y no las empresas del sector.

De hecho, las tarifas están congeladas hasta el 31 de diciembre, en el marco de la política que la task force oficial viene llevando a cabo con el objetivo adicional de sumar herramientas regulatorias que, entienden, el gobierno anterior le quitó al Estado nacional.

Del mismo modo se evalúan los lineamientos a seguir con las facturas de la electricidad y el gas y se está terminando de delinear la etapa de transición que habrá en los precios de las tarifas de los servicios públicos bajo la modalidad de incrementos segmentados para que los valores se relacionen a la capacidad económica de los clientes.

La emergencia tarifaria sancionada por el Congreso en el marco de la emergencia económica y pública, estará vigente hasta el 31 de diciembre.

A partir del día siguiente se tratará de impedir que los aumentos, en términos porcentuales, tengan relación al salario de forma que le implique a los usuarios de luz y gas dejar de consumir otros bienes y servicios para poder pagar las facturas.

El planteo es cruzar la información que el Estado dispone de cada consumidor por medio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses).

De esta forma, se permitirá a los sectores de menores ingresos y a quienes estén por debajo de la línea de pobreza, seguir con tarifas congeladas a partir de las políticas de subsidios que para estos segmentos sociales lleva adelante el gobierno nacional.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es normalizar la economía y evitar que se dispare la inflación
Uno de los principales objetivos del Gobierno es normalizar la economía y evitar que se dispare la inflación

Impacto en la clase media

En el caso de un gran porcentaje de la clase media, recibirán aumentos pero que estarán vinculados a las subas salariales que logren durante el año próximo, en tanto que para el resto habrá tarifas más cercanas a los valores reales.

De manera adicional, no habrá negociaciones con las distribuidoras para aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que llevó adelante la gestión de Cambiemos dado que, desde la Secretaría de Energía consideran que eso hizo que las tarifas quedaran atadas a los movimientos del dólar.

En ese contexto, las previsiones oficiales rondan en aumentos de hasta el 60% para el año próximo pero solamente para los usuarios de mayores ingresos, mientras que el incremento promedio sería del 25% que se aplicaría de manera única durante el 2021.

Para identificar quiénes deberán pagar esta suba, desde el Gobierno se están revisando las políticas de subsidios para reasignarlos, de manera que los sectores de menores ingresos reciban una mayor asistencia para cubrir los costos de las tarifas.

Habrá también un seguimiento del precio de los combustibles que, si bien hubo varios aumentos durante este año, se irán estudiando las nuevas subas que seguirán siendo consensuadas con las autoridades de YPF antes de ser anunciadas.

Es que, en este sector, la política comercial la encabeza la petrolera estatal por ser la más grande del mercado y ser considerada por el gobierno de Alberto Fernández como una de las naves insignia de la política oficial de hidrocarburos.

De hecho, hace unos días el Jefe de Estado cuestionó a su predecesor, Mauricio Macri, por el "daño" que le hizo a la empresa durante su gestión y anticipó que su objetivo es que vuelva a ser uno de los motores del crecimiento argentino.

El mandatario sabe que una de las herramientas para mejorar la situación de YPF se basa en la política de precios y por eso le ha permitido a la petrolera que comanda Guillermo Nielsen cuatro aumentos en lo que va del año que acumulan un total de 19%.

El último fue a fines de noviembre pasado, de un 2,5% promedio en todo el país, con un mayor pocentaje en Buenos Aires y el conurbano, donde llega a 2,9%.

Sin embargo, los precios de los combustibles de YPF tienen un retraso del 17% en dólares con relación a los niveles del año pasado por lo que no se descarta que en los primeros meses del 2021 se anuncien nuevos retoques, aunque siempre atendiendo a la realidad macroeconómica, la evolución del tipo de cambio y los actuales márgenes en términos de dólar.

El caso de los peajes es diferente. La relación del Gobierno con el grupo europeo Abertis es tensa. El holding controla las empresas Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) que, a su vez, lideran la concesión de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.

Tras la llegada del Frente de Todos a la Casa de Gobierno, se inició una investigación del acuerdo de renegociación del contrato que había extendido Macri y se mantuvo la política de congelamiento de los peajes que ya lleva casi dos años.

En este caso, será difícil que las autoridades saquen el pie del freno para permitir retoques a los precios que abonan los automovilistas, más que nada por cuestiones políticas. Por lo menos, hasta que se llegue a una definición en cuanto a la continuidad o no de Ausol y GCO como concesionarios de esas rutas.

De todos modos, la dificultad que esta política global de aumentos deberá enfrentar el Gobierno estará atada a los parámetros con los cuales se evalúe quién tiene más o menos capacidad para hacer frente al descongelamiento, cuando casi la mitad de los trabajadores cobran salarios que no alcanzan para cubrir una canasta básica.

El segundo problema tiene tintes más políticos y se vincula con las chances que tendrá el Frente de Todos de hacer una buena elección de medio término con una inflación alta, tarifas en aumento, suba de alimentos y paritarias acotadas.

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