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Asistencia social: por qué las grandes empresas alimenticias miran con recelo las licitaciones

Asistencia social: por qué las grandes empresas alimenticias miran con recelo las licitaciones

Asistencia social: por qué las grandes empresas alimenticias miran con recelo las licitaciones
A pesar de que el Gobierno lleva gastados más de $60.000 millones en ayuda alimentaria para sectores vulnerables, no logra atraer a las grandes empresas
Por Andrés Sanguinetti
09.08.2020 06.07hs Negocios

En sólo seis meses, el Gobierno cuadruplicó los fondos destinados a paliar la crisis de los sectores más carenciados a partir de diferentes planes sociales, el lanzamiento de una tarjeta de compras y la convocatoria a varias licitaciones para la adquisición de alimentos.

De hecho, en la actualidad lleva destinados $60.000 millones para sostener este nivel de asistencialismo que alcanza a 11 millones de personas, en comparación con los $15.000 millones de fines del año pasado que llegaban a 8 millones de beneficiarios.

En todos los casos, los fondos se vuelcan a garantizar la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables en el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19.

Un objetivo que puede ser considerado como loable y necesario en estos momentos donde cada vez más sectores de la población se hunden en la pobreza y se quedan sin herramientas para satisfacer sus necesidades más básicas.

Sin embargo, los grandes fabricantes de alimentos no han sido hasta ahora del todo seducidos por las cifras y en su mayoría evitan la posibilidad de convertirse en proveedores del Estado.

Salvo algunas excepciones, como las de Molinos Río de la Plata; Morixe; Mastellone o SanCor que vienen participando de las licitaciones lanzadas por el Ministerio de Desarrollo Social, la provisión de alimentos para los diferentes planes es satisfecha por empresas medianas o pequeñas o por intermediarios.

Esto, a pesar del escándalo de mediados de abril, cuando la cartera que dirige Daniel Arroyo debió salir de urgencia a comprar una serie de alimentos secos pagando precios mayores a los del mercado a un listado de intermediarios. Luego, y por la repercusión negativa que alcanzó, fueron despedidos varios funcionarios y la operación fue anulada. Se comenzó entonces a convocar a los grandes productores para que participen más asiduamente en las convocatorias.

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Licitaciones que no se completan

Sin embargo, hasta ahora esos procesos licitatorios vienen siendo completados de manera parcial o directamente se declararon fracasados. Así pasó en mayo con la compra de lentejas y fideos; en junio con una partida de leche especial; en julio con azúcar y carne enlatada, y en los primeros días de agosto, con latas de mermelada.

Se trata de licitaciones por un monto global algo mayor a los $1.000 millones que fueron lanzadas entre abril y este mes de agosto que involucraron la compra de alimentos secos como lentejas; mermeladas; carne en lata; leche especial; harina y yerba mate, entre otras.

Los motivos por los cuales estas licitaciones se concretan de manera parcial o fracasan son diversos. Del lado de las grandes empresas, todavía existe recelo para venderle al Estado nacional por su condición de "mal pagador" o porque, en algunos casos, no se cuenta con la logística necesaria para abastecer en tiempo y forma la demanda oficial.

Del lado del Gobierno, la principal objeción se debe a los valores ofertados que, en muchos casos están por encima de los valores de referencia establecidos por el programa de Precios Máximos. O a ciertos requisitos que incumplen las empresas como no tener deudas con el Estado, por impuestos, cargas sociales o laborales, entre otras.

Desde Desarrollo Social también aclaran que todas las licitaciones se convocan para la compra de 1,7 millones de unidades o kilos con el objetivo de cerrar la mayor cantidad de operaciones posible sin necesidad de que se concreten de manera total.

Aseguran también que las convocatorias se cursan a toda la base de proveedores con que cuenta la cartera que orienta Daniel Arroyo y que llega a los 800 proveedores, por lo cual no le dan mayor trascendencia a las operaciones que no se concretan.

"Es habitual que queden incompletas y por eso no es una situación preocupante ya, además se convocan siempre para comprar 1,7 millones de unidades o kilos, de las cuales se concreta la mayoría", sostienen cerca del ministro Arroyo, quienes además agregan que "es más fácil hacer una operación grande que varias chicas por el propio tramite del Estado".

Sostienen también que, más allá de estos procesos, desde el inicio de la pandemia se distribuyeron unos 16 millones de kilos de alimentos secos desde los dos depósitos del Ministerio, ubicados en Tafí Viejo (Tucumán) y Villa Martelli (Buenos Aires) y destinados a ONG, organizaciones sociales e iglesias de todo el país.

Por otro lado, señalan que las compras a granel de alimentos secos que se llevan a cabo a través de estas licitaciones son una de las cinco estrategias utilizadas por el Gobierno para encarar la asistencia social.

Los planes se canalizan a través de la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria que integra la Secretaría de Inclusión Social y corresponden a: Tarjeta Alimentar; comedores comunitarios; merenderos; comedores escolares y módulos alimentarios.

También y en el marco del Plan Nacional "Argentina contra el Hambre", se creó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) para transparentar la asignación de recursos públicos y tener una visión objetiva y estadística de la cantidad de espacios físicos destinados a la asistencia alimentaria comunitaria.

"Estas iniciativas son la concreción de un planteo que nos hizo el presidente Alberto Fernández respecto al derecho a la alimentación que debíamos garantizar para una porción importante de compatriotas en el marco de un país en emergencia alimentaria que la pandemia vino a profundizar" sostiene Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social.

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Los rubros del plan oficial

Tarjeta Alimentar: Hay 1.5 millones de tarjetas en todo el país, que significan unos $7.600 millones de mensuales para que las familias compren alimentos. Se destina a hogares con niños y niñas menores de 6 años que reciben AUH, con fondos acreditados a los titulares que son ocho veces superiores a los destinados en el 2019 a la totalidad de las tarjetas y módulos financiados desde Nación.

Comedores escolares: los fondos transferidos a la fecha pasaron de los $2.700 millones a $6.000 millones, restando aun efectuar los primeros pagos a algunas de las provincias, las segundas cuotas y el incremento eventual de los fondos convenidos para el ejercicio 2020. Se ha logrado mejorar la calidad nutricional de las prestaciones alimentarias financiadas.

Comedores comunitarios: Se llevan transferidos $1.900 millones, un monto superior en un 20% a los realizados durante todo el ejercicio 2019 que fue de $1.500 millones.

Merenderos: Se renovaron, ampliaron y firmaron nuevos convenios y se ampliaron las compras a elementos de higiene como lavandina y detergente. Durante el primer semestre se transfirieron fondos equivalentes a los pagos efectuados durante todo el 2019 (pasó de $922 millones a $947 millones).

Módulos de asistencia alimentaria directa: Se continuó entregando alimentos a organizaciones sociales para atender a población en situación de vulnerabilidad social y se alcanzó a cubrir las cantidades fijadas ($3.500 millones).

Módulos Covid19: Se financia la compra de alimentos secos y frescos para atender la emergencia alimentaria y sanitaria. Ya se han efectuado transferencias a municipios de la Provincia de Buenos Aires y se irán incorporando nuevos a medida que se celebren nuevos convenios con los organismos municipales.

Proyectos Focalizados Institucionales: Se renovaron convenios para prestaciones alimentarias por medio de organizaciones de la comunidad.

Proyectos para celíacos: Transferir fondos para financiar proyectos que mejoren el acceso a los alimentos de celíacos en situación de vulnerabilidad comunitaria.

Pro-Huerta: Se dio continuidad al financiamiento para el funcionamiento de este programa, transfiriéndose durante los dos primeros trimestres el equivalente a todo el brindado en 2019 que llega a $270 millones.

Sembrar Soberanía Alimentaria: Se fortalece el trabajo asociativo de los productores y comercializadores de la agricultura familiar y la economía social, solidaria y popular, para potenciar la conformación de redes territoriales de abastecimiento local de alimentos.

Además de estos planes, en Desarrollo Social estimaron que se llevan transferidos más de $3.500 millones a provincias y municipios para compras de alimentos y artículos de limpieza.

A esto le suman el Bono programa Potenciar Trabajo que es de $3.000 para cada uno de los 345.000 beneficiarios del programa que no recibieron el IFE.

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