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Alerta empresaria por el giro K del Gobierno para financiar la reconstrucción de la economía post cuarentena

Alerta empresaria por el giro K del Gobierno para financiar la reconstrucción de la economía post cuarentena

Alerta empresaria por el giro K del Gobierno para financiar la reconstrucción de la economía post cuarentena
Rechazan el traslado del control de precios a intendentes, limitar ganancias de los súper o impuestos al blanqueo de capitales y a las grandes fortunas
Por Andrés Sanguinetti
06.04.2020 16.30hs Negocios

Al margen de calificar como "escasas" y hasta ahora imposibles de concretar a las medidas anunciadas para limitar los efectos negativos de la cuarentena obligatoria en toda la economía, los empresarios comenzaron a mostrarse preocupados por el rumbo "intervencionista" que habría definido tomar el Gobierno en los últimos días.

Dicen que hay varias señales que van en ese camino como el traslado del control de precios a los intendentes; limitar las ganancias de los supermercados y la posibilidad de aplicar dos nuevos impuestos, uno al blanqueo de capitales y el otro a las grandes fortunas que impulsan Máximo y Cristina Kirchner. También, en otro que avance sobre las grandes corporaciones.

Es decir, en anunciar medidas que permitan generar recursos extraordinarios para financiar la reconstrucción de la economía argentina una vez que la pandemia del coronavirus sea una anécdota o se reduzca a una mínima expresión de cuidados sociales y sanitarios con menos daño en la economía del país.

Los ejecutivos admiten que el Estado viene  cumpliendo de manera "excelente" en su rol de asistente sanitario a toda la población en el marco de la lucha contra la pandemia del Covid-19 y que las medidas del Gobierno son eficaces para atacar las consecuencias del virus. También reconocen que es necesario la presencia pública desde lo económico y productivo para asistir a los sectores más desprotegidos y a los comercios, locales o fábricas que no pueden operar y que están en pésimas condiciones.

Saben, además, que el Estado se encuentra desfinanciado y que desde todos los sectores se le pide asistencia para atravesar esta profunda crisis, pero se quejan porque la propia estructura pública no está dispuesta a hacer su propio ajuste como el que sí se le reclama al sector privado para atravesar este riesgoso momento.

Un cúmulo de ideas que encendieron las luces de alerta en el mundo corporativo local por el fuerte contenido de intervencionismo del Estado en el mercado que le atribuyen a estas supuestas medidas que el oficialismo estaría evaluando aplicar.

Sospechas que también son avaladas por el rechazo del propio Alberto Fernández y de la mayoría de la clase política a la rebaja de sueldos de los funcionarios que reclama un sector de la oposición y que es contrarrestada por el avance estatal contra los sectores que, según la lógica gobernante, han ganado o se beneficiaron con el blanqueo de capitales, por ejemplo.

En el mismo paquete incluyen la decisión oficial de entrar en default técnico al patear hasta el año que viene el pago de deuda en moneda extranjera por alrededor de u$s10.000 millones que anunció el Ministerio de Economía en momentos en los cuales se lleva a cabo una negociación con todos los acreedores para reperfilar el endeudamiento total de la Argentina.

Para la facción kirchnerista del Gobierno, el empresariado argentino siempre ha sido un "enemigo" del poder. Una concepción ideológica que tuvo fuerte ascendencia en las gestiones de Néstor y Cristina pero que parecía haber quedado freezada por la mirada más pragmática de Alberto Fernández.

Sin embargo, los ejecutivos creen que ese camino está retornando ahora disfrazado de un pedido de "esfuerzo" a los que más tienen para que sean los que más colaboren en la lucha que se viene contra la pandemia cuando se termine con el cepo sanitario estricto a partir del 13 de abril próximo.

El giro intervencinista

Por eso advierten que los sectores menos afines al capital y más combativos del Frente de Todos están ganando terreno en las decisiones que el presidente Alberto Fernández podría anunciar en las próximas horas con la excusa de mitigar las nefastas consecuencias que el combate sanitario contra la pandemia está dejando en la industria, el campo, el comercio y los servicios.

No se muestran sorprendidos por este avance "estatista" porque hay algunos antecedentes, como la Ley de Góndolas, por ejemplo, que regula la ubicación de los productos en las góndolas de los supermercados.

O las fuertes acusaciones que el Jefe de Estado hizo al empresariado en el marco de su pelea contra el Grupo Techint por el despido de 1.450 trabajadores de la constructora del holding que preside Paolo Rocca. Una pelea a la que por ahora se le bajó el tono pero no está saldada.

Pero sienten que avanzar en nuevas medidas de este tipo ahora es como mínimo "injusto" a la luz de los esfuerzos que todos los sectores empresarios están haciendo para colaborar con el combate contra el Covid-19 no son considerados por las autoridades.

Ni siquiera cuando en los hechos, desde las pequeñas, medianas y hasta las grandes empresas están teniendo problemas para afrontar sueldos, mantener sus estructuras sin cambios y cumplir con las obligaciones tributarias sin generar ingresos y sin tener la posibilidad de acceder a las líneas de créditos anunciadas por el Banco Central para el pago de salarios.

El ala dura K, con el hijo varón de la vicepresidenta a la cabeza, no tienen la misma mirada y buscan volver a atacar a las "grandes corporaciones" a partir la batería de iniciativas que se prometen como solución a la fuerte depresión que sufre la economía del país, con sectores totalmente paralizados y otros que apenas alcanzan a sobrevivir.

Supuestas soluciones que buscan profundizar el peso del estatismo sobre el sector privado para financiar precisamente al Estado en la crisis económica que viene sufriendo el país y que se vio agravada por la pandemia y los efectos de la cuarentena que derrumbaron todavía más la deprimida economía.

Si bien los voceros de la "armada" estatista son el jefe de la bancada oficial de Diputados, Máximo Kirchner, y otros referentes K en la Cámara baja como Carlos Heller, los hombres de negocios no ven que Alberto Fernández ponga muchos reparos para frenar algunas de estas alternativas.

De hecho, durante un reportaje que se conoció durante el fin de semana, el Jefe de Estado avaló la aplicación del impuesto al blanqueo de capitales, así como que empiecen a ser los intendentes los que se hagan cargo de controlar los precios.

Control a los pequeños comercios

"Pensamos en las grandes ganancias, grandes empresas exportadoras, cadenas de supermercado, los muy ricos de la Argentina, sean personas o empresas", precisó Heller a varios medios.

Pero también piensan en perseguir a los pequeños comercios de barrio, almacenes, verdulerías, carnicerías y tiendas de proximidad, sobre a los que los intendentes de cada zona se les atribuirá un poder discrecional difrazado de control de precios.

Los intendentes recibirán ese rol cuando se haya sancionado un decreto presidencial que les entrega el poder de policía que hasta ahora tenía el Estado nacional en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia.

Por eso, se anticipa la profundización de los controles a los comercios de barrio, con muchas clausuras, multas y sanciones que podrán ser dispuestas con el argumento de las diferencias en los valores con respecto a los que rigen actualmente y que están atados a los que tenían el pasado 6 de marzo.

"No es el tipo de medida que uno esperaba en este contexto, ya que darle a los intendentes semejante poder sobre los precios abre muchas dudas y suspicacias y nada tiene que ver con un mercado de precios libres y transparentes", argumentan desde una de las principales cadenas de retail del país.

Otro ejecutivo también critica el giro estatista que se ve en los últimos movimientos del Gobierno. "Es preocupante por el sesgo anticonstitucional que se evidencia en ese tipo de medidas que se quieren tomar", agrega el hombre de negocios consultado por iProfesional.

En el caso del supuesto impuesto a las ganancias de los supermercados, desde el sector directamente se lo califica como "ridículo" si se tiene en cuenta que las ventas de las grandes cadenas se derrumbaron un 40% en estos momentos, por las restricciones impuestas a esta actividad en el marco del aislamiento social obligatorio.

De hecho, ya se espera que los principales grupos supermercadistas extranjeros deban nuevamente solicitar asistencia financiera a sus casas matrices para afrontar la incertidumbre, al estilo de lo que ya hicieron en el 2018 y el año pasado, cuando la recesión también afectó sus ventas.

"Parece que con el Gobierno estamos en dos canales diferentes en materia de propuestas para, entre todos, enfrentar la crisis que sufrimos", advierte uno de los empresarios que impulsa un movimiento federal de hombres de negocios y sectores sociales de todo el país que acaban de redactar un informe de 55 páginas con propuestas para atravesar el actual escenario.

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