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Se viene un amparo judicial colectivo contra el aumento jubilatorio por decreto

Se viene un amparo judicial colectivo contra el aumento jubilatorio por decreto
Según dispuso el gobierno, el aumento jubilatorio por decreto se compone de una suma fija de 1.500 pesos más un porcentual del 2,3 por ciento
18.02.2020 09.03hs Economía

El decreto con los aumentos jubilatorios anunciado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández, y que debería efectivizarse a partir de marzo, no había sido publicado en el Boletín Oficial. Ni bien ocurra, el abogado Andrés Gil Domínguez y el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, presentarán un amparo judicial para impugnar el decreto.

"Fue un anuncio político sin norma. Todavía no está publicado en el Boletín Oficial, por lo que no podemos impugnar lo que no existe, pero ni bien se oficialice, iremos a la Justicia", confirmó Gil Domínguez, doctor en Derecho y profesor universitario.

Alberto Fernández volvió a defender la medida: "Yo sé que hay muchos jubilados que hoy reciben 35 mil, 40 mil pesos, que están lejos de una situación de holgura y que en verdad merecerían más ingresos. Lo sé y espero pronto poder remediar eso. Pero lo que digo es que hoy tenemos otra urgencia: hay jubilados que ganan, después de todo este esfuerzo, 16 mil pesos", dijo el Presidente.

El aumento jubilatorio por decreto se compone de una suma fija de 1.500 pesos más un porcentual del 2,3 por ciento. El 62,8 por ciento de los jubilados y los pensionados que cobran la mínima de 14.068 pesos en marzo recibirán un incremento del 12,96 por ciento: la jubilación mínima pasará a ser de 15.891 pesos.

El Gobierno nacional defendió la medida y ponderó que el haber mínimo aumentará más que si hubiese seguido vigente la fórmula del macrismo. Y que el objetivo en esta etapa es "ir en auxilio de los que menos tienen, los más postergados".

Sobre esto insistió Fernández, quien fue entrevistado en Radio 10. "Macri cambió un sistema de actualización jubilatoria que tenía una racionalidad económica absoluta: tenía en cuenta los sueldos y cuánto recauda el Estado. Y sobre esta base, se construía un índice para determinar cuánto ganan los jubilados. Vino Macri y dijo: ‘Vamos a tener en cuenta lo que ganan los salarios y la inflación’, convencidos de que ellos iban a bajar la inflación. Decían que corregían la inflación y que iba a estar en el 10 por ciento, y terminan en el 53 por ciento. Esos mismos personajes nos dicen ahora ajustadores", criticó el Presidente.

Acción colectiva

Según explicó Gil Domínguez a la Voz del Interior, la "acción de amparo colectivo con medida cautelar" que impulsará cuando se publique el aumento en el Boletín Oficial pretende representar "a todos los jubilados afectados y tiene el carácter colectivo para evitar que tengan que ir de a uno, siendo que la pretensión es la misma".

Para Gil Domínguez, el decreto "es una violación al principio de no regresividad, que es la base fundante de los derechos económicos y sociales".

Explicó que "no se puede desmejorar un reconocimiento alcanzado. Y si uno hace un comparativo entre la ley de movilidad (de Macri) y lo que se anunció, quienes tenga una jubilación superior a los 17 mil pesos van a cobrar menos que lo que correspondería".

"El principio de no regresividad es un principio desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la propia Corte Suprema de Justicia... No se puede ser regresivo a menos que se tenga un argumento contundente que lo justifique, y aquí no lo hay", insistió el abogado constitucionalista.

"El Gobierno argumenta que se está ante una emergencia", se le apuntó a Gil Domínguez. "Si hay una situación de emergencia, eso obliga a proteger más a los vulnerables, y no a desprotegerlos. Los ancianos son un grupo vulnerable protegido por la Constitución y, frente a la emergencia, se les saca plata", respondió el abogado.

Respecto al dato que indica que los jubilados con la mínima, que son mayoría, se ven beneficiados con este aumento, Gil Domínguez replicó: "A partir de las jubilaciones de 17 mil pesos hay un perjuicio, y estas no son precisamente jubilaciones altas".

En la vereda de enfrente, el abogado laboralista, Juan Pablo Chiesa, dijo ayer que "la Justicia va a rechazar las presentaciones porque el Ejecutivo tiene plenas facultades para suspender una ley que perjudicó a los jubilados".

Chiesa se refiere a la Ley de Solidaridad Social que, entre otros puntos, en diciembre derogó la fórmula jubilatoria del gobierno de Macri.

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